El historial vinculado a los excesos cometidos por autoridades en contra de personas no heterosexuales no solamente es larga, sino que además se ha encontrado respaldada por la impunidad entre las propias autoridades. En la Ciudad de México los esfuerzos promovidos por las organizaciones civiles en los últimos 10 años para fomentar la cultura de la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha arrojado importantes cifras de visibilidad de estas conductas que le han facilitado a la CDHDF emitir las recomendaciones hacia las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Los informes anuales generados por la CDHDF al igual que los casos que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) sistematizado desde que entró en funciones, coinciden en sus limitaciones legales para poder sancionar el maltrato verbal o físico cometido por las autoridades, pero de manera muy subrayada cuando estas son personas no heterosexuales y menores de edad.

Eso lo saben muy bien los patrulleros que circulan por la noche aún en áreas como la zona rosa, con un aparente margen de tolerancia hacia la población LGBT; tan planificadamente como los que dan sus rondas acostumbradas en las diferentes zonas rojas (de prostitución) del Distrito Federal; o afuera de los moteles los 14 de febrero para extraer dinero con extorsiones hacia las parejas interceptadas.

Algunos casos de organizaciones cuyo trabajo reciente se ha enfocado a este tema ha sido, las 28 organizaciones firmantes del Acuerdo con el STC Metro en mayo del 2007 para reducir los casos de violencia y discriminación en sus instalaciones por parte del personal de vigilancia.

También las capacitaciones impartidas durante el 2008 por la organización Musas de Metal, quienes además elaboraron una cartilla para servidores públicos en materia de diversidad sexual. Y los abordajes focales que TRODOS Círculo de Masculinidad, Opción Bi y el grupo de Madres y Padres de la Condesa han realizado para dar elementos generales frente a los abusos de autoridad. Enfatizando en dar herramientas básicas de defensoría ciudadana, como parte de una tarea preventiva y por una cultura de la denuncia, cuando los policías de las patrullas intimidan o lesionan a las y los jóvenes.

El objetivo ha sido la presentación de denuncias ante la Fiscalía de Servidores Públicos por abusos de autoridad, es decir, en calidad de delitos que deriven en penalizaciones y no sólo en recomendaciones. Es necesario que el GDF se involucre reeducando a sus elementos y proporcionando transporte nocturno para quienes salen de antros y espacios de convivencia, no exponiéndolos al abuso de los patrulleros; es el sentido primario de nuestros impuestos y del ejercicio de nuestro derecho al libre tránsito.

La ciudadanía esta aprendiendo a cuidarse y a denunciar las irregularidades de los elementos de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal  que como marca el artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública “deberán respetar y proteger los derechos humanos y no discriminar en el cumplimiento de sus funciones a persona alguna (fracciones III y V), ¿y las autoridades cuando harán su parte?

*Jorge Yáñez es Coordinador General de TRODOS Círculo de Masculinidad.