¡Muerto el perro se acabó la rabia!”, fue la frase que escuchó el profesor Agustín Estrada Negrete cuando Ernesto Monroy Yurrieta, subsecretario estatal de Educación Básica y Normal, le exigió su renuncia por participar en la Jornada Mundial de Lucha contra la Homofobia organizada por la Comisión de Derechos Humanos del municipio de Ecatepec, estado de México.
Estrada Negrete no imaginó que su activismo en favor de los derechos humanos lo separaría de su cargo como director del Centro de Atención Múltiple (CAM) 33 y 34 “Roberto Solís Quiroga”, especializado en atender niños con discapacidad.
La personificación de un transgénero el 17 de mayo de 2007 provocó la ira de la titular de Educación estatal, Guadalupe Monter Flores, y de Magdalena Salgado Contreras, jefa del Departamento de Educación Especial, quienes argumentaron que era “un mal ejemplo para los niños”.
Desde entonces, las autoridades educativas comenzaron a presionarlo para separarlo del plantel. Lo obligaron a firmar una licencia la cual venció el pasado 19 de febrero sin que la Secretaría de Educación mostrara voluntad para reinstalarlo. Por el contrario, los actos de hostigamiento y represión se incrementaron al grado de ser detenido y enviado al Penal de Almoloya en donde fue torturado y violado por policías y reclusos.
A más de un año del despido, Estrada no cesa en su búsqueda de justicia y acusa al gobernador Enrique Peña Nieto de avalar actos de homofobia institucional, además de que lo responsabiliza de cualquier ataque a su integridad física. Desafortunadamente los estigmas y prejuicios que rodean a la sexualidad humana aún están presentes en buena parte de la sociedad, incluida la élite gobernante.
En México, la clase política está sumamente desgastada. Corrupción, deshonestidad, oportunismo, deslealtad, intolerancia y protagonismo, para muchos constituyen sinónimos de quienes, desde diversos cargos públicos, supuestamente son responsables de salvaguardar y garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía.
No obstante los esfuerzos realizados por activistas del colectivo de la diversidad sexual -muchas veces obstaculizados por ellos mismos-, la cultura machista y heterosexista imperante en la sociedad mexicana aún dista de ser erradicada.
Los políticos, en su papel de servidores públicos están obligados a fomentar y preservar condiciones sociales favorables para la sana convivencia de todas las expresiones e identidades sexogenéricas. La ineptitud y falta de voluntad para revertir las inequidades sociales deben sancionarse. Exigir la renuncia de quienes -en lugar de impulsar el respeto a la diversidad, lo merman-, es una acción ciudadana urgente de realizar en aras de contribuir a la consolidación democrática.
En el caso del profesor Estrada, los activistas del colectivo de la diversidad sexual están moralmente obligados a apoyarlo en la férrea lucha que está dando por el respeto a sus derechos humanos. Los golpes, hostigamiento, e incluso las amenazas de muerte lanzadas por el gobierno del estado de México al docente constituyen una advertencia de lo que le podría esperar a la población no heterosexual en caso de que Enrique Peña Nieto llegara a la Presidencia de la República.
*Mario Alberto Reyes es periodista de la Agencia NotieSe, especializada en Salud, Sexualidad y Sida
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