Los escuetos registros acerca de programas gubernamentales dirigidos a las personas no heterosexuales en México tienen su origen a finales de los años 90´s del pasado siglo XX, en la Ciudad de México, durante el gobierno de izquierda del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal.

Con un antecedente de regencias capitalinas encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder y tras el último regente Espinosa Villareal, procesado por delitos de fraude y peculado con posterioridad a su gestión de gobierno, ingresa por primera ocasión el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1997.

La apertura hacia organizaciones civiles encuentra un eco respetuoso, aunque se ve interrumpida cuando una licencia por campaña para contender en los comicios del 2000 es solicitada e ingresa Rosario Robles de la misma fuerza política y con nexos con la sociedad civil, en particular con el movimiento feminista desde su actuación legislativa federal en la LVI Legislatura.

Refrendando vínculos a raíz de reformas al código penal del Distrito Federal en materia de interrupción legal del embarazo y de resolución del conflicto de  huelga en la UNAM, Robles Berlanga y personas sensibles al tema como la Secretaria de Desarrollo Social del D.F., Clara Jusidman Rappoport demostraron apertura a peticiones desde colectivos de la diversidad sexo genérica.

Para la década del 2000 y frente al arribo del Partido Acción Nacional al gobierno federal, siempre opuesto al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, el Distrito Federal, busca situarse como un ángulo progresista en materia de derechos humanos, prevaleciendo desde el legislativo local, asambleístas que al igual que en la anterior legislatura local introdujeron avances sustanciales a favor de las personas no heterosexuales.

Sin embargo el ejecutivo local varió su dirección por motivos de interés político con la Iglesia Católica y el empresario Carlos Slim, el jefe de gobierno López Obrador cerró el apoyo en el área de desarrollo social a proyectos de organizaciones civiles, a excepción de aquellas que trabajaban por los derechos de adultos mayores y niños de la calle, ya que bajo su óptica eran los únicos grupos vulnerables.

También los grupos feministas vieron bloqueados sus espacios en áreas como la feria del zócalo capitalino del 8 de marzo, convocada de inicio por sociedad civil y la titularidad del INMUJERES D.F., ignorando ternas ciudadanas que aspiraban a la dirección de este instituto.

Fue entonces que de cara al no retroceso de conquistas ciudadanas por los derechos civiles ante la ofensiva de grupos conservadores respaldados por el gobierno federal, las delegaciones Iztacalco y Coyoacán, jefaturadas por la feminista de la APN Diversa, Elena Tapia y la actriz María Rojo, admitieron proyectos focalizados para grupos homosexuales y de mujeres.

Este precedente de política pública local con enfoque de género y perspectiva de diversidad sexual, marcó una posibilidad de vinculación sectorial retomada después por otros jefes delegacionales del PRD.

En el nivel federal la integración de una comisión integrada por activistas y académicos que generó la legislación sobre no discriminación, luego de reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, representó la antesala para conformar el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) y abrir así, un parteaguas de respeto a los grupos sociales históricamente excluídos.

Su lectura como enclave en un gobierno de derecha, logró colocarse como un referente de compromisos temático gracias a la emblemática conducción del fallecido político de extracción socialista Gilberto Rincón Gallardo.

En el Distrito Federal el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Emilio Älvarez Icaza proveniente de filas del activismo por los derechos humanos de la ONG CENCOS y de la APN Causa Ciudadana, ha representado hasta la fecha la figura del defensor del pueblo más serio en la protección de los derechos de las personas LGBT.

El período 2003 al 2006 a excepción de los dos funcionarios antes mencionados, a lo máximo se concentró en proyectos muy específicos con organizaciones civiles al través del INMUJERES D.F., es decir hacia algunos grupos lésbicos.   

El CENSIDA pudo tener importantes méritos de haber contemplado programas para mujeres en general, independientemente de las cifras que recalcaron al VIH como un virus de procedencia y propagación mayoritariamente masculina. En ese rubro el programa sobre VIH de la CNDH consiguió orientar sus políticas con alcances más eficaces hacia los derechos humanos vulnerados de personas portadoras del VIH, como fue el caso de los militares y de los empleados del ISSSTE.

Volviendo al D.F., en este ejercicio breve de revisión institucional, resulta especialmente relevante analizar la situación del Consejo de No Discriminación del Distrito Federal (creado en octubre del 2007), cuya estructura subrayadamente gubernamental desde su presidencia lo convierte en un órgano inoperante en términos reales. Esta deficiencia detectada con apoyo en la experiencia de los consejos ciudadanos concentrados a evaluar la política pública según el área o temática de la institución, y cuya labor muy parecida a la de un filtro social, se debe interpretar bajo un decurso de los grupos de especialistas en ciertos tópicos (el binomio: activismo - academia).

Por ello se significa cuestionable que un consejo con estas características de conformación, sea presidido por un jefe de gobierno, trátese de cualquier ideología política, porque la autonomía en los criterios e informes corre el riesgo de quedar sesgada.   

En otro orden de ideas a partir de la política federal, que omite mencionar a los grupos no heterosexuales en el Plan Nacional de Desarrollo, y del cual derivan los programas por Secretaría de Estado, así mismo existen insumos que tampoco pueden invisibilizarse, como la encuesta que el INDESOL y el CONAPRED generaron sobre discriminación en México en el 2003; el Diagnóstico que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró con foros nutridos de expertos en ese mismo año; o el Acuerdo Nacional de No Discriminación que en el 2006 fue suscrito por toda la administración pública, en un esfuerzo extraordinario que el CONAPRED impulsó.

De igual manera los compromisos que asumió el Gobierno del Distrito Federal (GDF) actual concretados en la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS) a partir del año 2008, y la declaratoria en el año 2007 del Día contra la Homofobia en la Ciudad de México, expresan voluntad política hacia dos aspectos básicos para la sociedad civil que trabaja por la población LGBT.

Todo pareciera encuadrar en una esquela de avances, sin embargo vale la pena parametrarse por algunas consideraciones:

• a) En materia de salud integral, de no discriminación laboral y de realización de materiales educativos incluyentes para capacitar al magisterio, continúan siendo pendientes clave.

• b) Aún se carece de sistemas de indicadores para la medición del impacto de las prácticas discriminatorias en los denominados "entes públicos".

• c) Se requieren mecanismos compensatorios del tipo acciones afirmativas en áreas estratégicas de la administración pública.

La política pública debe verse como obligaciones del gobierno para garantizar derechos y servicios mínimos para toda la población, pero de manera enfática para tratar con criterios de equidad a aquellos sectores sociales que por intereses políticos o ideológicos terminan siendo ignorados.

Por eso  debe resaltarse la información desagregada por variantes identitarias, porque en México el ejercicio ciudadano todavía se parcializa por visiones subjetivas de índole discriminatoria, desde las propias instituciones públicas.